Derechos, pantallas y cuidados: lo que el sistema de salud le debe a las familias

Tres frentes distintos, una misma señal: las familias que sostienen a sus seres queridos enfermos o vulnerables siguen enfrentando un sistema que tarda, que omite y que a veces obliga a pelear durante años para obtener lo que les corresponde. Desde un fallo judicial en la Región de Valparaíso hasta alertas sobre el uso de pantallas en niños, el panorama sanitario de esta semana exige atención.

Siete años de espera: cuando la justicia llega tarde pero llega

Una familia de Llay Llay obtuvo un fallo favorable contra el Servicio de Salud Aconcagua tras siete años de proceso judicial. El caso grafica con crudeza lo que muchas familias chilenas viven en silencio: la distancia entre el derecho a una atención de salud digna y la capacidad real del sistema para garantizarla. Siete años es tiempo suficiente para que una situación de salud se agrave, para que una familia se fracture económicamente y para que la confianza en las instituciones se erosione. El fallo es una victoria, sí. Pero también es un recordatorio de que los mecanismos de reparación llegan cuando el daño ya está hecho.

Quién cuida a quienes cuidan: las deudas invisibles del sistema

Más allá de los tribunales, esta semana emergieron otras dos señales igualmente reveladoras. En Michoacán, México, se puso en valor el rol de las mujeres que sostienen el cuidado de niños y niñas con cáncer, una realidad que no es exclusiva de ese país: en Chile, la carga del cuidado informal recae de manera desproporcionada en mujeres, muchas de las cuales deben abandonar el trabajo o reducir su jornada para acompañar a un hijo en tratamiento oncológico. Paralelamente, la renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE por razones de salud recordó que ningún cargo ni posición protege a las personas de las consecuencias físicas de entornos laborales exigentes.

• Cuidadoras informales: en Chile, más del 70% de quienes ejercen cuidados no remunerados son mujeres, según datos del Ministerio de Desarrollo Social.
• Infancias con cáncer: el acompañamiento familiar es parte del protocolo de atención en la red GES, pero el soporte emocional y económico para las familias sigue siendo insuficiente.
• Salud laboral: la renuncia por motivos de salud de una alta funcionaria pone sobre la mesa la necesidad de políticas de bienestar también para quienes trabajan en el sector público.
• Protección a adultos mayores: retener, ocultar o gastar sin autorización la pensión de un adulto mayor podría ser castigado con cárcel en Oaxaca, México, una medida que abre el debate sobre si Chile requiere normas similares.
• Pantallas y niñez: iniciativas de uso responsable de dispositivos digitales en niños ganan terreno como herramienta de salud preventiva en la región.

El caso chileno: protección que aún tiene brechas

Chile cuenta con marcos legales que protegen a adultos mayores a través de la Ley 20.427 y con prestaciones GES para ciertas patologías pediátricas graves, incluido el cáncer infantil. Sin embargo, la semana deja en evidencia al menos dos brechas concretas. Primero, los mecanismos de denuncia y sanción frente al abuso económico de personas mayores no siempre son conocidos por las familias ni ágiles en su aplicación. Segundo, el acompañamiento a cuidadores —madres, padres, hijos adultos— rara vez forma parte del plan terapético formal, aunque la evidencia clínica muestra que el bienestar del cuidador incide directamente en la recuperación del paciente. FONASA e ISAPRE cubren al enfermo; la persona que lo cuida, en cambio, queda con frecuencia fuera del radar institucional.

Lo que viene

Los próximos meses serán clave en al menos dos dimensiones. La discusión sobre el proyecto de reforma previsional abre una ventana para reforzar las salvaguardas contra el abuso económico de adultos mayores, incorporando mecanismos más ágiles de denuncia y sanción en el contexto chileno. Al mismo tiempo, la creciente evidencia sobre el impacto del tiempo de pantalla en la salud mental infantil —respaldada por la Organización Mundial de la Salud— presiona a los sistemas educativos y sanitarios a integrar la alfabetización digital en los controles de salud del niño sano. Las familias que hoy pelean solas —en tribunales, en hospitales o frente a una pantalla— necesitan que el sistema se mueva antes de que pasen otros siete años.